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Texas violará tratados internacionales si ejecuta a otro mexicano

Autor: Radio Fórmula RF Durango

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Fecha: 5 noviembre, 2017

Dallas, 5 Nov (Notimex).- Texas se prepara para aplicar la pena de muerte el próximo miércoles al mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, con lo que violaría de nuevo tratados y fallos judiciales internacionales que ordenan a Estados Unidos revisar las infracciones cometidas durante su detención y proceso.

Ramírez Cárdenas, de 47 años de edad y originario de Irapuato, en el estado mexicano de Guanajuato, fue sentenciado a la pena capital por la violación y muerte de su prima hermana Mayra Azucena Laguna, de 16 años de edad, el 22 de febrero de 1997 en la comunidad de Edinburg, en el sur de Texas.

Ese día, los padres de Laguna reportaron la desaparición de su hija a las autoridades. En el curso de la investigación, la policía interrogó a Ramírez Cárdenas, quien se presentó voluntariamente a declarar.

Durante más de 10 horas, Ramírez Cárdenas permaneció en la estación de policía y fue interrogado por nueve diferentes agentes de la policía y del Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo, sobre la desaparición de Mayra.

Sin embargo, a pesar de ser ciudadano mexicano, en ningún momento los agentes le informaron de su derecho a recibir la asesoría del personal del Consulado de México, como lo obligan los tratados internacionales.

El derecho de un reo extranjero a recibir la ayuda de las autoridades de su país está garantizada en el Tratado de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares de 1963, ratificado por Estados Unidos, México y más de un centenar de otras naciones.

Ramírez Cárdenas fue arrestado y acusado del homicidio sin tener acceso, en ningún momento, a la ayuda consular.

El mexicano permaneció 11 días sin abogado defensor y el consulado de México en McAllen no supo de los cargos contra Ramírez Cárdenas hasta cinco meses después de su detención.

“Es una violación significativa del tratado”, dijo el abogado Gregory Kuykendall, a cargo del Programa de Asistencia Legal para Mexicanos en Pena de Muerte, creado por el gobierno de México en el 2000 para defender a sus connacionales de la aplicación del castigo capital.

“Lo que nos separa de la anarquía es nuestro compromiso con el debido proceso y con la aplicación de las leyes que están vigentes tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Nuestros compromisos con los tratados prevalecen”, dijo Kuykendall.

En marzo de 2004 la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), la máxima instancia judicial de las Naciones Unidas, ordenó a Estados Unidos revisar los casos de 51 mexicanos sentenciados a pena de muerte, en cuyas detenciones y juicios se les violaron sus garantías.

Ésto al no informárseles de su derecho como ciudadanos extranjeros a recibir la asistencia consular de su país.

A raíz del fallo de la CIJ, estados como Oklahoma, Arkansas, Nebraska y Nevada tomaron acciones para asegurarse que las violaciones a los derechos consulares de los reos mexicanos reciban una completa y justa revisión.

Dichas revisiones permitieron que las sentencias de muerte dictadas contra los mexicanos Osvaldo Torres Aguilera, en Oklahoma, y Rafael Camargo Ojeda, en Arkansas, hayan sido conmutadas por cadena perpetua, y que Carlos Pérez Gutiérrez, en Nevada, esté a la espera de un nuevo juicio.

Sin embargo, a más de 13 años del dictamen de la CIJ, Texas continúa siendo la única entidad del país que ha ignorado el dictamen de la CIJ y lo ha desafiado con la ejecución de cuatro mexicanos amparados por la Corte Internacional bajo el dictámen conocido como “fallo Avena”.

De los nueve mexicanos que han sido ejecutados en Texas, a cuatro de ellos se les aplicó la pena de muerte en flagrante violación al dictamen de la CIJ, incluido José Ernesto Medellín, en agosto de 2008; Humberto Leal, en junio de 2011; Edgar Tamayo Arias, en enero de 2014, y Ramiro Hernández Llanas, en abril de 2014.

Rubén Ramírez Cárdenas podría convertirse el próximo miércoles en el quinto connacional en recibir la pena de muerte en Texas sin que se acate el dictamen de la Corte Internacional.

Texas violó el fallo de la CIJ luego de que la suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó en el litigio previo a la ejecución de José Ernesto Medellín, que el mexicano sí tenía derecho al amparo del fallo de la CIJ,  pero que Texas  no estaba obligado a acatar el dictamen de la Corte Internacional.

La determinación de la Suprema Corte puso al descubierto el vacío legal que existe en Estados Unidos, donde se carece de una ley que obligue a las entidades a cumplir los tratados internacionales que este país firma con otras naciones del mundo.

Desde entonces ha habido tímidos intentos de promover iniciativas en el Congreso de Estados Unidos para aprobar una ley que obligue a las entidades a cumplir los tratados internacionales que Estados Unidos firma con otras naciones del mundo.

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